Autoridades regionales y municipales acordaron la reinstalación de puntos fijos de Carabineros en las inmediaciones de los centros de salud familiar Cardenal Raúl Silva Henríquez y Karol Wojtyla, ubicados en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. La medida se adoptó tras registrarse episodios de violencia en la zona, que incluyeron la llegada de personas heridas de bala a dichos recintos.
Los episodios delictivos cerca de ambos centros generaron críticas de la municipalidad y de gremios de la salud ante la respuesta de seguridad. Frente a este escenario, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, gestaron el compromiso para reinstalar la vigilancia policial fija en los recintos de salud.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó la situación tras asistir a un comité policial en la región de O’Higgins. El secretario de Estado explicó que la policía ya mantenía un despliegue preventivo en el sector con dos radiopatrullas adicionales por turno en las cercanías de los Cesfam, sumadas a las labores habituales de la comisaría de Bajos de Mena.
Ante las críticas formuladas, Arrau afirmó que “nosotros desde el Ministerio de Seguridad los delitos los atendemos desde una lógica policial”. Asimismo, la autoridad dio cuenta de un operativo nocturno en la zona que dejó personas detenidas e incautación de armas.
Qué significa
El resguardo preventivo que efectúa Carabineros de Chile en el espacio público busca garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir delitos en sectores de mayor complejidad o en servicios esenciales, como las dependencias de salud pública. Ante contingencias de riesgo, la autoridad gubernamental y policial puede instruir la asignación de puntos fijos o un incremento en las rondas de vigilancia.
En el marco del procedimiento policial, las detenciones y la incautación de armamento forman parte de las labores de control e investigación delictual. Quienes resultan aprehendidos en estos procedimientos son puestos a disposición de la justicia, instancia en que la Fiscalía evalúa si existen antecedentes suficientes para imputar cargos o requerir medidas cautelares ante el tribunal competente.
