Según dio a conocer Radio Universidad de Chile, el debate legislativo en torno a una iniciativa legal que busca sancionar denuncias, querellas o acusaciones falsas puso el foco en la diferencia entre una imputación maliciosa y un proceso judicial que no alcanza una condena.
El medio explicó que el hecho de que una indagatoria judicial termine sin sanción no implica automáticamente que la persona denunciante haya mentido. Un proceso puede concluir sin responsables debido a la falta de antecedentes, a la imposibilidad de identificar al autor o a que el material probatorio resulta insuficiente para determinar responsabilidades penales.
Por el contrario, una denuncia deliberadamente falsa requiere demostrar que quien acudió a la justicia atribuyó hechos a sabiendas de que no eran reales. Esta diferencia es fundamental tanto para resguardar a quienes sufren acusaciones injustas y ven afectada su vida personal o laboral, como para proteger a las personas que denuncian de buena fe sin que la escasez de evidencia transforme su acción en una sospecha.
Radio Universidad de Chile subrayó que este deslinde cobra especial importancia en casos de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, contextos donde los eventos suelen ocurrir sin la presencia de testigos y exigen evaluaciones minuciosas. Asimismo, el artículo 211 del Código Penal chileno ya castiga la acusación o denuncia calumniosa, por lo que el debate en el Congreso requiere precisar qué vacíos busca cubrir la propuesta legal.
Qué significa
En el ámbito del derecho penal, una denuncia calumniosa se refiere a la acción de imputar de manera maliciosa un delito a una persona sabiendo que es inocente o que los hechos presentados no son verdaderos. Este concepto se distingue formalmente de la insuficiencia probatoria.
La falta de pruebas ocurre cuando el sistema de justicia no logra reunir la evidencia necesaria para demostrar un delito o la responsabilidad de un imputado. Esto no convierte el hecho denunciado en una mentira, ya que la legislación exige un alto estándar de convicción probatoria para dictar una condena en sede penal.
