Un grupo de aproximadamente 14 magistrados afectados por la decisión de la Corte Suprema de destituir a 18 jueces por salir del país con licencia médica proyecta acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto ocurre luego de que la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, comunicara el veredicto que resolvió las remociones.
Tras la determinación, la relatora de pleno del tribunal, Alejandra Aguilar, notificó por correo electrónico a cada magistrado su suspensión del cargo mientras se redactan los fallos. Ante esto, los sancionados interpondrán recursos de reposición en la misma sede judicial. A la par, cerca de 14 de ellos —entre los que figura el juez Daniel Urrutia— ya sumaron a los abogados peruanos Julio Arbizu y Ronald Gamarra para asumir la representación internacional.
Entre los argumentos para la presentación internacional se incluye una presunta vulneración al debido proceso, aspecto cuestionado por organizaciones del ámbito judicial y por Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados. También reclaman la ausencia de parámetros unificados para disponer las salidas bajo el artículo 80 de la Constitución. El trámite ante la CIDH requiere un examen de admisibilidad antes de una eventual elevación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Qué significa
La remoción constitucional de un juez corresponde a un procedimiento disciplinario para determinar el cese de funciones por faltas a la buena conducta. En este contexto, la suspensión preventiva implica la interrupción temporal del ejercicio del cargo mientras concluye la notificación de la resolución definitiva.
Por otro lado, el recurso de reposición permite que el mismo órgano que adoptó una resolución revise y reconsidere lo resuelto. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo ante el cual se presentan denuncias por presuntas fallas en las garantías procesales una vez tramitadas las instancias judiciales locales.
