
De acuerdo con los antecedentes del caso, diez integrantes de la Corte Suprema aceptaron apartarse de la revisión de la apelación del desafuero del senador Miguel Ángel Calisto. La decisión se produjo luego de que la defensa del parlamentario recusara a los magistrados que previamente habían votado a favor de retirarle la inmunidad cuando ejercía como diputado.
El proceso contra el congresista se origina en una investigación de la Fiscalía por presunto fraude al Fisco. Las pesquisas sostienen que se habrían simulado pagos a una exasesora, cuyos montos posteriormente habrían retornado a las cuentas de Calisto. Tras la acusación del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad retirar el fuero al parlamentario el 6 de octubre de 2026, resolución que fue apelada ante el máximo tribunal.
Ante el recurso presentado, la representación del parlamentario solicitó dejar fuera del juzgamiento a diez integrantes de la magistratura: los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz y Manuel Valderrama, además de Arturo Prado, Mauricio Silva y María Angélica Repetto. La solicitud también abarcó a Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, María Soledad Melo y Mireya López, argumentando que ya habían emitido un pronunciamiento sobre la causa anterior.
Frente a la solicitud, los magistrados coincidieron en abstenerse de intervenir en el asunto. En su informe sostuvieron que, “al haber emitido un dictamen previo con conocimiento de los antecedentes, se configura la causal de inhabilidad” contemplada en el artículo 196 N° 10 del Código Orgánico de Tribunales.
Debido a esta determinación, la Corte Suprema deberá convocar a magistrados no inhabilitados o a integrantes de la Corte de Santiago para alcanzar el quórum mínimo de 11 miembros que exige la ley para resolver la apelación.
Qué significa
El desafuero es un procedimiento judicial que retira la inmunidad a un parlamentario para que la Fiscalía pueda acusarlo formalmente y llevarlo a juicio penal en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano. Esta medida no constituye una condena ni determina la culpabilidad del imputado, sino que representa una autorización de los tribunales de alzada para continuar la persecución penal.
Por otro lado, la recusación o inhabilidad de un juez opera cuando existe un motivo contemplado en la ley que compromete su imparcialidad en un asunto específico, como haber conocido y emitido opinión sobre la materia con anterioridad. El objetivo de este mecanismo es resguardar el derecho a un debido proceso, garantizando que el caso sea resuelto por magistrados que no hayan intervenido previamente en el examen de los mismos hechos.


