El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, dio a conocer el Informe Anual 2026 de la institución y manifestó su rechazo a la concesión de beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo con la autoridad, este tipo de determinaciones representan una postura regresiva frente a las garantías alcanzadas en el país para resguardar a la infancia.
Durante la entrega del documento, Quesille señaló que las medidas otorgadas no concuerdan con avances institucionales como la imprescriptibilidad de estos ilícitos o la aplicación de entrevistas videograbadas. El titular del organismo coincidió además con los planteamientos del Presidente de la República, José Antonio Kast, vertidos el 26 de octubre, y afirmó que ante esta situación el “Estado falló”, poniéndose a disposición del Ejecutivo para buscar soluciones a largo plazo.
El reporte institucional expone severas dificultades en la cobertura estatal. De acuerdo con antecedentes del Poder Judicial citados en la publicación, Chile registraba 180.765 medidas de protección vigentes al término de 2025. En paralelo, más de 41 mil niños, niñas y adolescentes permanecían en listas de espera para ingresar a programas de protección. Asimismo, durante marzo de 2026, un total de 649 párvulos de entre cero y tres años eran atendidos en residencias, a pesar de que los criterios internacionales señalan que en la primera infancia se debe privilegiar la crianza en un entorno familiar.
En cuanto al patrocinio jurídico especializado, el programa La Niñez y Adolescencia se Defienden proyectó para 2025 un promedio de 428 causas por profesional del derecho, superando el límite técnico recomendado de 150 asignaciones. Entre julio de 2025 y junio de 2026, la Defensoría recepcionó 2.958 requerimientos, interpuso 37 querellas y concretó 26 inspecciones a residencias y centros de justicia juvenil.
Qué significa
Las medidas de protección son determinaciones dispuestas por los juzgados competentes con la finalidad de resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando estos han sido vulnerados o se encuentran amenazados. Estas actuaciones pueden abarcar apoyos psicosociales en el medio familiar o, en casos complejos, el ingreso de los menores a programas especializados o recintos de acogida.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez corresponde a una corporación autónoma de derecho público encargada de difundir, promover y proteger las garantías fundamentales de la infancia y adolescencia, contando con atribuciones legales para deducir querellas judiciales e intermediar ante organismos estatales.
