La Contraloría General de la República emitió nuevos manuales de procedimientos contables destinados al sector público y municipal. Según informó el organismo fiscalizador, las guías buscan facilitar el registro de las transacciones habituales en servicios públicos y municipalidades del país, en el marco de una regulación que comenzará a regir el 1 de enero de 2027.
El documento orientado al sector público fue aprobado a través del oficio N° 175316/2026, mientras que las directrices para el ámbito municipal se formalizaron mediante el oficio N° 175319/2026. Ambos textos fueron confeccionados en concordancia con la Resolución N° 1 de 2026, referente al Sistema de Contabilidad General de la Nación. Dicha norma unifica los criterios contables aplicables al Gobierno Central y a los municipios, con miras a la implementación indirecta de los estándares internacionales contables para el ámbito estatal (NICSP).
Las nuevas instrucciones abarcan procedimientos relacionados con existencias, transferencias y bienes de uso. Asimismo, abordan materias específicas como el tratamiento de licencias médicas y la revaluación de bienes inmuebles. De acuerdo con lo señalado por la entidad de control, estos manuales son de aplicación obligatoria para los organismos comprendidos en el artículo 2° del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, así como para las instituciones que determine la Contralora General.
Qué significa
La Contraloría General de la República es un organismo autónomo encargado de fiscalizar la legalidad de las actuaciones de la Administración del Estado y la correcta gestión de los fondos públicos. En ese marco, fija los criterios y reglas técnicas que deben seguir las entidades estatales para mantener una contabilidad ordenada.
Por su parte, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) son estándares globales diseñados para la preparación y presentación de estados financieros en instituciones públicas. Su adopción persigue aumentar la transparencia, uniformidad y calidad de la información financiera del Estado.
