El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la ampliación de la detención por 72 horas de un funcionario de Gendarmería, quien es investigado por permitir presuntamente el abandono de personas bajo custodias nocturnas. La resolución judicial ordenó el ingreso del sospechoso al Complejo Penitenciario de Antofagasta mientras avanzan las pesquisas encabezadas por la Fiscalía.
De acuerdo con los antecedentes del caso, personal de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de la misma institución concretó la aprehensión durante la madrugada, tras una diligencia encomendada por el Ministerio Público de Antofagasta. El funcionario cumplía sus labores en el ex Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de la ciudad.
Según la información institucional, el trabajador habría facilitado que personas condenadas a arresto nocturno y reclusión nocturna dejaran el recinto penitenciario sin cumplir con la sanción dictada por la justicia. Para disimular esta situación, anotaba el ingreso de los reclusos a las 22.00 horas y la salida a las 06.00 horas, simulación con la que daba la apariencia de un acatamiento formal.
Las anomalías fueron detectadas por la propia Gendarmería, desde donde derivaron los antecedentes al Ministerio Público para abrir el expediente penal. En forma paralela a la causa judicial, el organismo carcelario comenzó un sumario administrativo y activó los trámites para apartar al funcionario mediante un llamado a retiro.
Qué significa
La ampliación de la detención es una facultad consagrada en el sistema penal que autoriza al juez de garantía a prorrogar la detención de un imputado hasta por tres días antes de realizar la audiencia de formalización. Esta herramienta se aplica cuando la Fiscalía requiere reunir antecedentes indispensables que permitan sustentar de forma adecuada los cargos o solicitar medidas cautelares.
En tanto, la reclusión y el arresto nocturno corresponden a modalidades de cumplimiento de penas o cautelares en las que el afectado debe permanecer recluido durante la noche en un establecimiento penitenciario o en su vivienda. La custodia de estas condiciones queda bajo supervisión del personal correspondiente, el cual debe fiscalizar el estricto apego a los horarios fijados por la autoridad judicial.
