
El Colegio de Abogados y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) mantener la atribución de la Corte Suprema para aplicar filtros éticos y de conducta a quienes buscan titularse como abogados. Ambas presentaciones buscan evitar que se declare la inconstitucionalidad del numeral 4 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales.
Este proceso de revisión de constitucionalidad, encabezado por la presidenta del TC, María Pía Silva, comenzó luego de que la magistratura acogiera nueve requerimientos de inaplicabilidad presentados por egresados de Derecho. A estas personas la Corte Suprema les había denegado el juramento por registrar antecedentes penales. En la tramitación de esta causa, el organismo escuchó en audiencia las posturas de distintas entidades, incluyendo a las universidades de Santiago, Finis Terrae y Adolfo Ibáñez.
A través de un escrito de diez páginas firmado por su presidente, Ramiro Mendoza, el Colegio de Abogados expuso seis argumentos centrales. El gremio sostuvo que las deficiencias advertidas en los casos previos obedecen a problemas de aplicación y no de la norma en sí. Además, remarcó que, ante la falta de colegiatura obligatoria, la revisión del máximo tribunal constituye la única evaluación ética disponible. En esa línea, advirtieron que la derogación del precepto crearía un vacío legal que forzaría a otorgar títulos a cualquier postulante que cumpla requisitos formales, lo que “desprotege a los clientes, a la contraparte y a la administración de justicia”.
Por su parte, el CDE presentó una minuta de 30 páginas para representar la postura de la Corte Suprema, solicitando desestimar la inconstitucionalidad. El organismo afirmó que exigir buena conducta no vulnera la Carta Fundamental ni impone una sanción permanente a los afectados. Asimismo, señaló que la eliminación del artículo generaría efectos más perjudiciales para el interés público que su vigencia, al desproteger el correcto funcionamiento del sistema de justicia.
Qué significa
El procedimiento de declaración de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional es un trámite mediante el cual este órgano evalúa si el texto de una ley contraviene los principios de la Constitución. Si el tribunal resuelve declarar inconstitucional una norma, esta queda expulsada del ordenamiento jurídico nacional y deja de tener validez de forma general.
Este proceso difiere del recurso o requerimiento de inaplicabilidad, el cual busca que un precepto legal específico no se aplique a un juzgamiento particular por generar un resultado inconstitucional. Cuando el Tribunal Constitucional acoge de manera reiterada requerimientos de inaplicabilidad sobre un mismo artículo, puede iniciar de oficio o a petición la revisión definitiva sobre la permanencia de dicha norma.


