
El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Chile resolvió aplicar la expulsión unánime al profesional Ariel Wolfenson, tras acoger una serie de denuncias presentadas por clientes. La decisión de la entidad gremial se adoptó luego de constatar infracciones graves y sistemáticas al Código de Ética Profesional, según dio a conocer Informe Especial y reportó The Clinic.
De acuerdo con lo informado, el gremio recibió seis denuncias que mostraron una conducta reiterada que vulneró los deberes de la institución. Entre las faltas imputadas figuran el abandono de clientes, engaños sobre el avance real de los juicios, cobros persistentes sin justificación y falta de diligencia técnica.
Entre las situaciones conocidas ante el órgano ético se cuenta la de una pareja de adultos mayores que buscaba un régimen de visitas para ver a sus nietos. El profesional les afirmó que había ingresado la causa a tribunales, lo que no era real, y las gestiones terminaron rechazadas por la justicia. Los afectados advirtieron la situación al consultar directamente al tribunal y, al pedir sus documentos, el jurista exigió el pago de cuotas pendientes por un servicio no realizado. En otro caso de demanda por negligencia médica, la víctima perdió una indemnización de $40 millones debido a que no se presentaron peritajes para acreditar el daño psicológico.
El medio recordó que en 2025 el profesional enfrentó cuestionamientos por presunta apropiación indebida de dinero de clientes, caso en que la Fiscalía Oriente formalizó una investigación que continúa en curso. En su resolución actual, el gremio determinó que el sancionado antepuso su interés económico, engañó activamente a personas y amenazó a sus representados.
Qué significa
La expulsión del Colegio de Abogados constituye la sanción máxima de orden gremial que contempla la institución para castigar a los profesionales colegiados que incurren en faltas éticas en el ejercicio de la profesión. Esta medida afecta la membresía en la orden profesional y se adopta en paralelo e independientemente de las causas criminales o civiles que pueda perseguir el sistema judicial, como las investigaciones penalmente formalizadas por el Ministerio Público.


