
La Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad presentado por el exconservador del Registro de Propiedad, Comercio y Aguas de Santiago, Luis Maldonado, con el que buscaba frenar el cese de sus funciones debido a su edad.
El profesional de 81 años cesó en su cargo el 2 de octubre por imperio de la ley, luego de desempeñarse allí por casi tres décadas. Con anterioridad, buscó detener su retiro a través de una acción de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual resultó inadmisible, además de interponer una demanda por discriminación en la justicia civil para generar un trámite pendiente y recurrir al TC.
En su presentación ante el organismo constitucional, Maldonado argumentó que la norma transitoria que fijó el retiro forzoso a los 75 años para los auxiliares de la administración de justicia producía efectos inconstitucionales y una discriminación arbitraria en su situación particular.
La resolución fue dictada el 10 de noviembre con el voto favorable de las ministras Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Alejandra Precht, junto al ministro Héctor Mery, registrándose el voto disidente del ministro Miguel Ángel Fernández. El criterio mayoritario determinó que “no se advierten las infracciones constitucionales respecto de los preceptos legales impugnados”, añadiendo que acceder a la inaplicabilidad desnaturalizaría dicha herramienta de control constitucional.
Qué significa
El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un mecanismo procesal mediante el cual una parte solicita al Tribunal Constitucional que ordene no aplicar una ley determinada en un juicio específico, alegando que su uso en ese caso concreto produce un resultado contrario a la Constitución.
Para que el tribunal entre a revisar el fondo de la solicitud, el requerimiento debe superar primero un examen de admisibilidad. En dicha etapa, la sala correspondiente evalúa si se cumplen los requisitos formales y si existen argumentos constitucionales plausibles. Si la acción es declarada inadmisible, la tramitación finaliza sin que el organismo emita una sentencia sobre el conflicto planteado.


