La Contraloría General de la República detectó que el Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau permanece almacenado y completamente desarmado en una bodega de la comuna de San Miguel desde octubre de 2021, sin que se haya definido su uso, reutilización, reasignación o transferencia. El organismo consignó esa situación en el Informe Final de Investigación Especial N°212 de 2026, dado a conocer este jueves.
La estructura fue adquirida durante la emergencia por Covid-19 y luego cedida al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tiene capacidad para 100 pacientes e incluye diez albergues de hospitalización, baños, comedor, sala de estar, cocina, farmacia y dormitorios para el personal. A ello se suma equipamiento como camillas, instrumental médico, catres clínicos, mesas, sillas y estanterías, todo avaluado en más de $2.857 millones al momento de su compra.
De acuerdo con el ente fiscalizador, la inacción y falta de gestiones del SSMS provocaron que esos bienes, pensados para reforzar la capacidad asistencial del sistema público, perdieran valor entre 2022 y 2026, en un monto estimado en más de $859 millones. Por esa cifra la Contraloría formulará un reparo al servicio.
La revisión también identificó debilidades en los mecanismos de control, el registro contable y la trazabilidad patrimonial de los bienes entregados al SSMS, por lo que el servicio deberá adoptar medidas para resolverlas en un plazo de 60 días hábiles. La inspección en terreno, en tanto, comprobó que el hospital y su equipamiento están en una bodega con deficiencias estructurales, entre ellas un socavón en el pavimento que afecta la conservación de los bienes y limita la circulación y el acceso seguro a las áreas de almacenamiento.
Frente a las observaciones, el SSMS señaló que diseñará y ejecutará un plan de obras de reparación, cuyos avances reportará a la Contraloría dentro de 60 días hábiles. En ese mismo plazo deberá elaborar e implementar un plan para la destinación, distribución, transferencia, reutilización o disposición de los bienes almacenados. Además del reparo por más de $859 millones, la Contraloría instruyó al servicio iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Qué significa
El reparo es una observación que la Contraloría formula a un organismo público cuando detecta un perjuicio a los recursos fiscales y que, en términos generales, busca que la entidad regularice la situación o repare el daño detectado. Se trata de una medida de control administrativo y no de una sanción penal.
Por su parte, el procedimiento disciplinario es la instancia interna mediante la cual se investigan las conductas de funcionarios públicos y se determina si existen responsabilidades administrativas, lo que es distinto de una eventual responsabilidad penal que deba resolver un tribunal.
