Una investigación de la Contraloría General de la República detectó que entre 2020 y agosto de 2025 se realizaron 164 contrataciones de personas con prohibición judicial para trabajar con menores de edad, distribuidas en 72 entidades públicas del país. La mayor parte de estas situaciones se concentró en establecimientos educacionales.
De acuerdo con datos del Registro Civil publicados por El Mercurio, al 31 de enero de 2026 un total de 20.114 personas mantenían esta prohibición, lo que equivale a un aumento del 73% en comparación con 2022, cuando la nómina anotaba 11.649 personas. Del universo reportado a inicios de año, 15.590 presentan una medida perpetua y 4.524 corresponden a inhabilidades de tipo temporal.
Ante los resultados presentados por el órgano de control, la Defensoría de la Niñez requirió información a las entidades involucradas. Respecto de los casos informados en 2025, 13 instituciones entregaron respuestas y 12 informaron que las personas observadas ya no prestaban servicios. En tanto, 20 organismos —entre los que se cuentan 15 municipios y recintos de salud— no habían reportado las medidas tomadas.
El sistema actual permite consultar de forma gratuita el Registro de Inhabilidades a través del sitio del Registro Civil mediante búsquedas individuales. Sin embargo, especialistas sostienen que no existe una exigencia normativa de revisar estos antecedentes de manera periódica mientras dura la relación de trabajo, lo que dificulta enterarse si un trabajador es sancionado con posterioridad a su contratación.
Qué significa
La inhabilidad para trabajar con menores de edad es una sanción determinada por los tribunales de justicia que prohíbe a una persona ejercer empleos, cargos u oficios que impliquen un contacto directo y continuo con niños, niñas y adolescentes. Esta restricción puede imponerse de forma temporal o de por vida, dependiendo de lo resuelto en el juzgado.
Por su parte, el Registro de Inhabilidades es el catastro oficial que administra el Registro Civil para reunir los antecedentes de quienes han sido sancionados con esta medida. Su función es servir como herramienta de verificación para que empleadores del sector público y privado confirmen si una persona está habilitada para desempeñarse en actividades vinculadas al cuidado o enseñanza de menores.
