Según informó La Tercera el 21 de octubre, el pleno de la Corte Suprema dedicaría sus jornadas de reflexión, que comenzaban al día siguiente, a debatir la regulación del recurso de protección, la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la votación de la primera política institucional sobre el uso de inteligencia artificial en la judicatura. La presidenta del máximo tribunal, ministra Gloria Ana Chevesich, señaló que la meta es mejorar el servicio de administración de justicia, con foco en materias que impacten tanto a quienes trabajan en los tribunales como a quienes acuden a ellos.
En el caso del recurso de protección, el diagnóstico levantado tras tres jornadas de conversación con profesores de Derecho, en el marco de los 50 años de esta acción, será expuesto por Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, integrantes de la Tercera Sala. Se trata del recurso más usado por las personas y la única vía para reclamar la afectación de un derecho constitucional. Pese a ello, nunca ha sido regulado por el Poder Legislativo mediante una ley; frente a ese vacío, el máximo tribunal ha debido fijar su fisonomía por la vía de un auto acordado, cuya última modificación, de carácter menor, se hizo hace casi una década. Según fuentes judiciales citadas por el medio, el recurso se ha ampliado en extremo hasta colapsar las distintas cortes.
De acuerdo con fuentes del máximo tribunal, todo indica que los supremos solo abrirán el debate y designarán una comisión a cargo de pensar la reforma. También se evalúa que el pleno exhorte al Poder Ejecutivo y al Legislativo a tramitar la ley que resuelva el problema de manera definitiva. “Vamos a analizar todas esas variables, pero de que hay que reformarlo, hay que reformarlo o dictar una ley que regule aquello para mejor seguridad jurídica”, reconoció Chevesich.
Respecto de la inteligencia artificial, la judicatura solo cuenta con una regulación general en el Código de Ética Judicial y un oficio con buenas prácticas. El texto que se votará será expuesto por el ministro Matus, quien llevó adelante el proceso junto con la Dirección de Estudios. La ministra recordó que la responsabilidad jurisdiccional recae siempre en el juez o la jueza, y que eventualmente se buscará un auto acordado obligatorio para todos los funcionarios del Poder Judicial. El programa contempla además presentaciones de asociaciones gremiales durante la tarde del jueves y los acuerdos finales el viernes.
Qué significa
El recurso de protección es una acción constitucional que permite a cualquier persona pedir a una corte de Apelaciones que adopte medidas frente a actos u omisiones que afecten derechos garantizados por la Constitución. En la práctica, es la vía más directa y masiva para reclamar ese tipo de afectaciones, y por eso su volumen influye en la carga de trabajo de los tribunales.
Cuando una materia no ha sido regulada por una ley, el máximo tribunal puede dictar autos acordados, que son normas internas de carácter general para el funcionamiento del Poder Judicial. Su alcance es distinto al de una ley aprobada por el Congreso, de ahí que el debate sobre una regulación legal del recurso apunte a dar mayor certeza jurídica tanto a quienes lo presentan como a las cortes que deben resolverlo.
