La Corte de Apelaciones de La Serena acogió un recurso de protección presentado por una estudiante de Medicina contra la Universidad del Alba, dejando sin efecto la sanción que la expulsaba académicamente de la institución. De acuerdo con lo determinado en el fallo, la casa de estudios actuó de manera arbitraria al mantener la eliminación de la alumna tras reprobar en dos oportunidades el internado de cirugía, a pesar de haberle aceptado una suspensión de actividades por problemas de salud.
Según los antecedentes expuestos en la resolución, la controversia comenzó cuando la estudiante fue eliminada por reprobar por segunda vez dicha asignatura. Ante su estado de salud, la joven solicitó la suspensión de sus ramos presentando la documentación médica correspondiente, petición que fue acogida por la universidad mediante una resolución en agosto de 2026. Sin embargo, la institución decidió mantener la reprobación del internado y la sanción de expulsión académica sin brindar alternativas para conciliar ambas decisiones.
Al resolver la acción judicial, el tribunal de alzada estableció que la conducta de la casa de estudios fue arbitraria, ya que las medidas aplicadas no tomaron en cuenta las circunstancias particulares de la afectada. La resolución judicial subrayó que no resultaba razonable sostener la desvinculación académica sin ofrecer opciones que permitieran compatibilizar su estado de salud con las exigencias del programa formativo.
En su dictamen, la Corte remarcó que las normas internas de una entidad educacional deben considerar el contexto de cada caso y “no puede conducir, sin una justificación suficiente, a consecuencias que impidan definitivamente la continuidad de los estudios”.
Por estos motivos, el tribunal acogió la acción constitucional sin costas y ordenó a la Universidad del Alba gestionar las medidas administrativas y académicas necesarias para que la estudiante retome y complete el internado de cirugía pendiente cuando su salud lo permita.
Qué significa
Un recurso de protección es una acción constitucional que busca resguardar derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios. La arbitrariedad se refiere a decisiones carentes de motivación razonable o que desconocen el contexto de las personas afectadas.
