La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de protección presentado por la representación de la agrupación de vivienda Las Luciérnagas en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes. La acción buscaba frenar la petición del organismo público para que las familias desocuparan voluntariamente un predio estatal en el asentamiento Villa Las Etnias.
El conflicto se originó en septiembre de 2026, cuando la institución notificó a los habitantes que debían abandonar el terreno antes del 19 de octubre. Ante esta solicitud, una residente del sector recurrió a la justicia alegando la amenaza a derechos fundamentales de cerca de cien familias que habitan el lugar desde hace unos diez años. La acción solicitaba dejar sin efecto la carta o, alternativamente, conceder un plazo de seis meses para la desocupación junto con la asistencia de instituciones públicas.
Al responder a la acción judicial, el Serviu indicó que es propietario de la finca y que la zona fue declarada con riesgo sanitario en diciembre de 2024, además de hallarse en una superficie expuesta a inundaciones. Asimismo, se informó que la Delegación Presidencial Regional impulsó un trámite administrativo de restitución amparado en la legislación vigente.
El tribunal concluyó que el oficio enviado no es ilegal ni arbitrario, pues únicamente instaba a una entrega voluntaria sin utilizar la fuerza pública. Del mismo modo, el fallo enfatizó que los ocupantes no cuentan con un título legal sobre la propiedad y que este tipo de acciones judiciales no son la vía para mantener la ocupación de terrenos del Estado.
Qué significa
El recurso de protección es un mecanismo constitucional de tramitación rápida que busca proteger a las personas ante actos o decisiones arbitrarias e ilegales que afecten sus derechos fundamentales. Para que este recurso sea acogido por la justicia, es requisito indispensable acreditar la existencia de una conducta que carezca de sustento legal o lógico y que vulnere directamente un derecho protegido.
Por su parte, la restitución administrativa de un inmueble fiscal es el procedimiento mediante el cual las autoridades requieren la entrega de terrenos de propiedad pública ocupados sin autorización. La justicia suele sostener que el recurso de protección no constituye una herramienta para legitimar o consolidar la ocupación de bienes del Estado sin un título jurídicamente válido.
