Según informó La Tercera, el Ministerio de Justicia decidió suspender temporalmente la tramitación de los decretos de rebaja de condena. La medida llegó después de las críticas de la oposición y de parte del oficialismo contra el ministro Fernando Rabat, por haber rebajado la condena de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
De acuerdo con el medio, la determinación se adoptó luego de revisar la normativa vigente. Fuentes de la cartera señalaron que se detectó un vacío legal relacionado con la aplicación de ciertas restricciones que rigen desde 2022.
La suspensión se suma a otras acciones que el secretario de Estado anunció para enfrentar la crisis. Rabat tomará a la brevedad el mando de una agenda legislativa que ya ha conversado con distintos parlamentarios y que espera que tenga discusión inmediata. Entre las medidas figuran un proyecto de ley para modificar los requisitos de acceso a las rebajas de condena, además de indicaciones e iniciativas legales destinadas a restringir esos beneficios.
En una entrevista con Radio Duna recogida por La Tercera, Rabat defendió el criterio que aplicó, distinto al de administraciones anteriores: afirmó que existen normas constitucionales y legales claras en el ordenamiento jurídico, en la línea de la jurisprudencia muy mayoritaria, y que ellas obligaban a aplicar la ley de forma inmediata. La tarde del jueves, en Tele13 Radio, había señalado que la tramitación con suma urgencia busca “cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales”.
El proyecto que ingresará el Ejecutivo replica el criterio del artículo 9° del Decreto Ley 321 sobre libertad condicional, con una serie de requisitos, y fija que estos se analicen al momento de la postulación, lo que según Justicia cierra la discusión sobre la aplicación retroactiva a condenas anteriores a febrero de 2023. Además, desde la cartera evalúan fijar por ley interpretativa que estas normas son un beneficio y no un derecho adquirido, con lo que se zanjaría el criterio de los tribunales. También impulsará la moción que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, en segundo trámite en el Senado, que deja en manos de jueces las solicitudes de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios que hoy resuelven comisiones especiales.
Qué significa
La rebaja de condena es una decisión administrativa que disminuye el tiempo de una pena que ya fue impuesta por un tribunal. La libertad condicional, en tanto, es un beneficio que permite cumplir la parte final de la condena en libertad, siempre que se cumplan ciertos requisitos, y su concesión ha estado a cargo de comisiones y no de jueces.
El recurso de amparo es una acción constitucional que protege la libertad personal y que puede llegar hasta la Corte Suprema. Una ley interpretativa, por su parte, busca fijar cómo debe entenderse una norma para zanjar discrepancias entre tribunales, mientras que la discusión sobre si algo es un beneficio o un derecho adquirido apunta a determinar si puede negarse o modificarse una vez que se cumplen las condiciones.
