La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo preventivo y anuló la decisión tomada por una jueza del Juzgado de Garantía de Talcahuano, quien había dejado sin efecto un procedimiento abreviado debido a una demora en la carga digital del fallo.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el recurso, el caso se enmarca en un juicio por tráfico ilícito de drogas. En dicha causa, el 14 de septiembre de 2026 se dictó veredicto condenatorio y, dos días después, el tribunal comunicó la parte resolutiva de la sentencia, imponiendo al condenado una pena de tres años y un día de presidio, la cual fue reemplazada por libertad vigilada intensiva conforme a la Ley N°18.216. No obstante, la redacción completa del fallo se firmó y cargó en la Oficina Judicial Virtual recién el 22 de septiembre.
Frente a este desfase, la magistrada consideró que el atraso constituía un vicio al debido proceso y, mediante resolución del 26 de septiembre, declaró la nulidad de oficio de todo lo realizado desde la audiencia del 14 de septiembre. Con ello, dejó sin efecto la pena y ordenó volver el caso a la etapa de preparación del juicio oral. Esta medida llevó a la defensa a recurrir de amparo, alegando un exceso de facultades que perjudicaba la libertad personal del afectado.
Al resolver la acción, el tribunal de alzada señaló que el artículo 163 del Código Procesal Penal autoriza anular de oficio solo en los casos de nulidad absoluta detallados en el artículo 160 del mismo texto. La Corte concluyó que la demora en escriturar un dictamen no corresponde a esa categoría y que el inconveniente podía subsanarse “ampliando o volviendo a computar los plazos para recurrir” mediante el artículo 17 sobre entorpecimientos. Asimismo, estableció que invalidar el juicio afectaba la libertad del sancionado, quien había obtenido un beneficio de cumplimiento en libertad.
Qué significa
El recurso de amparo es una herramienta constitucional destinada a resguardar la libertad personal y la seguridad individual de cualquier persona cuando estas se vean amenazadas, privadas o perturbadas de manera ilegal o arbitraria.
En el ámbito procesal penal, la nulidad de oficio es una facultad de carácter excepcional que permite a los tribunales invalidar decisiones o actuaciones procesales únicamente ante vulneraciones graves de garantías fundamentales, sin que los contratiempos administrativos o de agenda judicial justifiquen por sí solos rehacer un juicio ya culminado.
