El pleno de la Corte Suprema dio su visto bueno a la primera política institucional sobre inteligencia artificial en el Poder Judicial, según trascendió tras las jornadas de reflexión del máximo tribunal. La medida busca fijar directrices sobre la aplicación de estas herramientas en los juzgados del país, pasando de un modelo de uso individual a un esquema de control corporativo.
De acuerdo con lo dado a conocer sobre las deliberaciones, la propuesta fue desarrollada por la Dirección de Estudios junto con el ministro Jean Pierre Matus, luego de una exposición del académico Juan Domingo Velásquez, profesor de la Universidad de Chile. La iniciativa complementa los criterios iniciales del Código de Ética Judicial redactado por la ministra Adelita Ravanales y un oficio previo firmado por Matus y la presidenta del tribunal, Gloria Ana Chevesich.
La normativa establece que en los sistemas de la judicatura solo se podrán emplear herramientas de inteligencia artificial que autorice previamente la Comisión de Tramitación Electrónica. Además, la regla impone restricciones estrictas: la tecnología no se podrá usar para dirimir una causa, evaluar material probatorio ni redactar los fundamentos de sentencias o resoluciones. Del mismo modo, se prohíbe ingresar datos no públicos o proyectos de fallos en plataformas externas o no autorizadas.
Cualquier aplicación aprobada requerirá supervisión humana constante, permitiendo únicamente usos instrumentales de apoyo a la gestión. Para coordinar su implementación, se creará un Comité de IA con participación de un ministro de la Corte Suprema y gremios, junto con una tabla de evaluación de riesgos y un registro de programas permitidos.
Qué significa
Las resoluciones y sentencias judiciales son las decisiones formales mediante las cuales los jueces dirimen controversias y aplican el derecho. La fundamentación de estos dictámenes constituye una garantía básica del debido proceso, pues exige explicar de manera lógica y transparente las razones jurídicas y los hechos que justifican lo determinado.
Por otro lado, la función jurisdiccional corresponde al mandato de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Al regular la tecnología en el ámbito judicial, se busca asegurar que la ponderación de los antecedentes y el juzgamiento de los conflictos sigan siendo una labor propia del criterio humano de los magistrados, previniendo que sistemas automatizados reemplacen la deliberación de los tribunales.
