El Senado respaldó el proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley N°21.719) hasta el 15 de octubre de 2027. Tras registrar 33 votos a favor y seis en contra, la iniciativa avanzó a la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional.
Además de posponer la puesta en marcha de la norma —que actualmente está contemplada para el 1 de diciembre de este año—, la iniciativa introduce modificaciones a la estructura de la Agencia de Protección de Datos Personales. En específico, se aumenta de tres a cinco la cantidad de integrantes de su consejo directivo.
El Ejecutivo había ingresado originalmente en septiembre una propuesta para diferir la entrada en vigencia hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta ajustó el plazo para octubre del mismo año. Desde el Gobierno argumentaron que la postergación busca “contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación”, otorgando un año extra de preparación para organismos públicos, empresas y fundaciones.
Respecto al funcionamiento del órgano directivo, los cinco consejeros ejercerán por un período de seis años sin opción a reelección. El consejo se renovará de forma parcial cada dos años mediante la aprobación de dos tercios de los senadores en ejercicio. Para la designación inicial, el Presidente de la República propondrá al Senado una nómina única donde dos consejeros durarán seis años, dos durarán cuatro años y uno durará dos años.
Qué significa
Un trámite constitucional corresponde a cada una de las etapas de discusión y votación que debe atravesar un proyecto de ley en el Congreso Nacional para convertirse en norma vigente. En este caso, al ser aprobado por la Cámara de Origen (el Senado), la iniciativa avanza a la Cámara Revisora (la Cámara de Diputados), donde se evaluarán y votarán sus artículos.
Por su parte, la entrada en vigencia determina el momento exacto a contar del cual una ley comienza a ser obligatoria para la ciudadanía, las instituciones del Estado y los entes privados. Mientras una ley no entre en vigencia, sus obligaciones no resultan exigibles.
