La Municipalidad de El Monte debió suspender el funcionamiento de sus buses gratuitos tras un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso presentado por empresas de taxis colectivos de la zona. De acuerdo con lo establecido en la resolución dictada el 27 de octubre, el máximo tribunal ordenó al municipio limitar el transporte gratuito de pasajeros únicamente al traslado de estudiantes y organizaciones comunitarias.
Según se detalló en el fallo, la acción judicial fue impulsada por Taxcotal S.A., en conjunto con la Sociedad de Transporte de Pasajeros y Carga El Paico Ltda., Transportes Pérez y Otros Ltda., Sociedad de Transportes El Monte S.A., Empresa de Transportes y Servicios El Monte S.A. y Transporte Francisco Reyes y Cía. Ltda. Frente a la resolución, la alcaldesa Zandra Maulén lamentó la medida y confirmó que dejarán de operar los buses de acercamiento que conectaban Chinihue con el centro comunal y los viajes a Santiago, añadiendo que las resoluciones judiciales se deben acatar mientras buscan alternativas.
El fallo de la Corte Suprema precisa que los municipios no tienen la facultad de ofrecer transporte público de pasajeros abierto a toda la población. Aunque se reconoce la capacidad municipal de brindar transporte privado gratuito, este debe dirigirse solo a grupos específicos como estudiantes, adultos mayores, personas vulnerables o con movilidad reducida. La sentencia concluyó que el trazado municipal se superponía con líneas reguladas, vulnerando la libertad económica protegida por la Constitución.
En la decisión, el ministro Omar Astudillo votó de manera disidente, al considerar que no se demostró que la prestación fuera de carácter universal ni que implicara competencia desleal para los empresarios de la comuna.
Qué significa
Las resoluciones de la Corte Suprema sobre facultades municipales y libertad económica establecen los límites bajo los cuales el Estado y sus municipios pueden intervenir en la prestación de servicios. En el ámbito jurídico, el principio de libertad económica resguarda que las instituciones públicas no realicen actividades comerciales o de transporte público general salvo que la ley las autorice explícitamente, evitando interferir con el funcionamiento de los privados que prestan servicios bajo regulación.
