
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por dos hermanas y ordenó retirar el candado y las cadenas que bloqueaban el tránsito a través de un camino interior hacia el lago Caburgua, en la comuna de Pucón, según informó Diario Constitucional.
El conflicto judicial se inició tras la liquidación de una sociedad agrícola integrada por las tres mujeres, procedimiento en el cual se dividió un terreno de 109,68 hectáreas en 16 lotes. Los terrenos se repartieron por medio de un sorteo, lo que se consignó en una escritura pública firmada el 10 de mayo de 2022.
Una de las propietarias recibió el lote A-3, un terreno de 0,75 hectáreas colindante con el lago Caburgua. Según expusieron sus hermanas, dicho predio se concibió con una superficie mayor que otros terrenos de 0,55 hectáreas para soportar la servidumbre de paso. Sin embargo, la dueña de dicho lote bloqueó el acceso hacia el agua instalando un portón con cadenas y candado, negándose a entregar copias de las llaves.
Frente al reclamo, la titular del lote A-3 sostuvo que la servidumbre no estaba inscrita en el Conservador de Bienes Raíces y afirmó que sus hermanas podían acceder al lago desde otras propiedades contiguas.
En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la acción de protección tras considerar que el asunto requería un juicio ordinario de mayor extensión. Sin embargo, el máximo tribunal revocó esa decisión al calificar la obstrucción como un acto de “autotutela ilegal y arbitrario”, resolviendo que no era admisible solucionar de forma unilateral una disputa sobre el derecho de paso mediante el bloqueo del camino.
Qué significa
El recurso de protección es un mecanismo constitucional rápido destinado a restablecer el imperio del derecho cuando actos u omisiones ilegales o arbitrarios vulneran garantías fundamentales protegidas.
Por su parte, la autotutela se refiere a la acción donde una persona intenta resolver una controversia o ejercer un derecho por sus propias manos sin acudir a los tribunales, conducta que el ordenamiento jurídico prohíbe para resguardar el debido proceso.


