La Corte Suprema revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción y rechazó el recurso de protección interpuesto contra BancoEstado y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) por una trabajadora extranjera en situación migratoria irregular. La acción buscaba conseguir el cobro de los subsidios de cuatro licencias médicas y maternales que la entidad bancaria se negó a pagar por no presentar un documento de identidad chileno vigente.
De acuerdo con lo expuesto en el proceso, la controversia se originó cuando la recurrente intentó percibir las prestaciones de licencias autorizadas entre enero y noviembre de 2025. El banco requirió cédula de identidad nacional o pasaporte, desestimando un comprobante de solicitud de RUN expedido bajo la Ley N°21.325. Por su parte, la COMPIN informó que, al no retirarse los montos en un plazo de seis meses, las sumas fueron devueltas a la Tesorería General de la República.
En un comienzo, la Corte de Concepción acogió la protección tras considerar que las exigencias del banco resultaban desproporcionadas y afectaban la subsistencia de la trabajadora y su hijo. No obstante, las entidades recurridas apelaron al tribunal de alzada afirmando que la acción de protección no es la vía correspondiente para analizar controversias sobre requisitos de pago previsional.
La Tercera Sala del máximo tribunal resolvió por unanimidad revocar lo resuelto por el tribunal de origen. La decisión fijó que el recurso constitucional busca cautelar derechos no disputados de forma urgente, por lo que las diferencias sobre la validez de los trámites y exigencias para cobrar deben ventilarse en los juicios ordinarios correspondientes.
Qué significa
El recurso de protección es un mecanismo constitucional rápido diseñado para resguardar derechos fundamentales frente a actuaciones o decisiones ilegales o arbitrarias. Sin embargo, para que la justicia otorgue esta tutela urgente, es requisito que el derecho reclamado sea preexistente e indiscutido, por lo que no permite declarar derechos ni dirimir conflictos complejos que exijan una discusión probatoria más amplia en los tribunales ordinarios.
