La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto en favor de un menor de edad que padece fibrosis quística, según informó Diario Constitucional. El fallo dispuso que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de Salud adopten las medidas requeridas para el suministro inmediato e íntegro financiamiento del medicamento Trikafta, por el tiempo que lo determine su médico tratante.
De acuerdo con lo informado por el medio, el profesional de la salud prescribió con carácter de urgencia el fármaco al considerar que actuaría sobre la alteración genética del paciente, mejorando sus expectativas de vida. No obstante, Fonasa rechazó dar cobertura aduciendo que el niño no cumplía las exigencias fijadas en las normas del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Frente a ello, la madre del menor recurrió a la justicia argumentando que los motivos administrativos no debían prevalecer sobre las garantías fundamentales de su hijo.
Por su parte, Fonasa solicitó desestimar la acción afirmando que el financiamiento debe sujetarse a las prioridades sanitarias y a criterios clínicos específicos. En tanto, el Ministerio de Salud sostuvo que incorporar tratamientos costosos requiere análisis técnicos y económicos para no perjudicar la distribución equitativa de los recursos públicos. El tribunal desestimó estas posturas y concluyó que negar la cobertura por razones económicas amenazaba la vida del paciente, señalando que «constituye un acto arbitrario que amenaza su derecho a la vida». La resolución contó con el voto en contra de una ministra, quien estuvo por rechazar el recurso al considerar que existían dudas sobre una mutación genética específica requerida para la entrega del fármaco.
Qué significa
El recurso de protección es una acción constitucional orientada a resguardar de manera rápida los derechos fundamentales de las personas cuando estos resultan amenazados o vulnerados por actos u omisiones arbitrarias e ilegales. En el ámbito de la salud, los tribunales suelen evaluar si las decisiones administrativas de organismos públicos ponen en riesgo el derecho a la vida o a la integridad física frente a prescripciones médicas urgentes.
