La Tercera Sala de la Corte Suprema ratificó el fallo que rechazó una acción de protección interpuesta contra la Municipalidad de Pucón, respaldando la decisión de la corporación de demoler edificaciones no autorizadas en el sector Delta del Trancura, según informó Radio Universidad de Chile. La determinación del máximo tribunal confirma la sentencia emitida con anterioridad por la Corte de Apelaciones de Temuco.
El conflicto surgió a partir de denuncias ciudadanas por construcciones sin permisos a orillas del lago Villarrica. De acuerdo con los antecedentes presentados por la municipalidad, las fiscalizaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales advirtieron eventuales contravenciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Debido a estas irregularidades, la alcaldía emitió en octubre de 2025 un decreto que declaró la inhabilidad de las obras y dispuso la demolición de las estructuras que superan los 800 metros cuadrados.
Frente a esta resolución, el propietario del terreno acudió a los tribunales para frenar la medida. No obstante, ambas instancias judiciales mantuvieron el criterio municipal. El alcalde Sebastián Álvarez valoró el pronunciamiento judicial y recalcó la relevancia de proteger los recursos naturales y los humedales de la comuna. Por su parte, la defensa de los propietarios sostuvo que el terreno pertenece a sus clientes desde 1996 y descartó la existencia de un proyecto comercial o de una ocupación ilegal. Asimismo, anunció que realizarán el desmontaje y traslado de las estructuras modulares en un plazo máximo de 45 días.
Qué significa
El recurso de protección es una acción constitucional rápida que permite a cualquier persona acudir a los tribunales cuando considera que un acto u omisión arbitrario o ilegal vulnera sus derechos fundamentales. Al rechazar este recurso, la justicia determina que la actuación impugnada no ha incurrido en ilegalidades ni ha transgredido las garantías protegidas por esta vía.
Por otro lado, la orden de demolición emanada de un municipio es una atribución contemplada en la normativa urbanística para hacer cumplir los planos reguladores y las exigencias de edificación. Si una construcción no cuenta con los permisos o contraviene las reglas vigentes, las autoridades locales están facultadas para declarar su inhabilidad o disponer su retiro, resguardando la legalidad urbanística y la protección del entorno.
