
La Contraloría General de la República (CGR) identificó a 315 funcionarios y trabajadores del Estado que continúan en sus cargos a pesar de registrar condenas por crimen o simple delito, según un informe del organismo fiscalizador. Esta situación infringe el impedimento legal contemplado en el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575 para desempeñarse en el sector público.
El hallazgo se presentó en el Consolidado de Información Circularizada N°29, elaborado tras contrastar datos del Servel, de la plataforma SIAPER y del Registro Nacional de Condenas que mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación. De acuerdo con el reporte, los 315 dependientes se vinculan con 317 registros de sanciones penales. Del total de personas afectadas, 166 laboran en el gobierno central y 149 en la administración municipal. Entre las instituciones con mayor número de casos están Carabineros de Chile con 84 funcionarios, el Ejército con 22, la Armada con ocho y la Fuerza Aérea con cinco. En tanto, entre los municipios figuran Valdivia con seis casos; Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt con cuatro cada uno; y Tocopilla con tres.
En cuanto a la severidad de los antecedentes, el órgano fiscalizador detalló que existen 73 personas sancionadas por crímenes y 244 registros asociados a simples delitos, de los cuales dos empleados presentan más de una condena. Ante este escenario, la Contraloría requirió a las entidades involucradas iniciar sumarios para determinar responsabilidades administrativas por la eventual omisión de comunicar estos hechos a sus jefaturas y no aplicar la inhabilidad correspondiente. Además, solicitó aclarar si estos antecedentes judiciales se evaluaron durante los procesos de calificaciones del personal.
Qué significa
En el derecho administrativo chileno, la probidad administrativa y el cumplimiento de los requisitos de ingreso son exigencias fundamentales para ejercer cargos públicos. La normativa establece que quienes hayan sido condenados por pena de crimen o simple delito quedan inhabilitados para ingresar o mantenerse en la administración del Estado.
Cuando una causal de prohibición surge mientras la persona ya se encuentra trabajando en la institución, se habla de una “inhabilidad sobreviniente”. Este concepto jurídico implica que la persona pierde las condiciones necesarias para continuar en sus funciones públicas, por lo que la autoridad correspondiente debe tramitar su salida del servicio una vez constatado el hecho.


