
El Poder Judicial entregó un balance sobre la aplicación de los mecanismos de cobro de deudas de alimentos a cuatro años de la puesta en marcha de la legislación que creó el Registro Nacional de Deudores. Según dio a conocer la institución, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los juzgados con competencia en materia de familia de todo el país ordenaron pagar un monto acumulado que supera los $3,8 billones.
De acuerdo con lo expresado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, las resoluciones judiciales alcanzaron la cifra exacta de $3.885.443.300.562, monto equivalente al 1,98% del Producto Interno Bruto nacional. Este cobro se ha ejecutado mediante las herramientas contempladas en la Ley N° 21.484 sobre cobro efectivo de pensiones, sumado a la vigencia del registro establecido por la Ley 21.389.
El reporte del máximo tribunal desglosa el monto en dos vías principales: el Procedimiento Especial, mediante retenciones de fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros, acumuló órdenes de pago por $822.205.170.505 destinadas a 404.400 representantes legales. En tanto, el Procedimiento Extraordinario, realizado con cargo a los fondos de capitalización individual en las AFP, alcanzó los $3.063.238.130.057 para 307.734 representantes.
En este período, los 141 tribunales de familia dictaron 728.700 inscripciones en la plataforma que administra el Servicio de Registro Civil e Identificación. De ese total, 376.644 solicitudes permanecen vigentes, sumando un monto adeudado de 54 mil 833 millones de pesos, mientras que 352.056 han sido canceladas. Chevesich destacó el trabajo de los funcionarios judiciales, sosteniendo que “no se dispusieron los recursos necesarios” para enfrentar estas labores.
Qué significa
La ley de responsabilidad parental y el registro de deudores establecen procedimientos judiciales para asegurar el cumplimiento del pago de alimentos dictaminado por los tribunales. Cuando una persona incurre en mora, la justicia de familia puede ordenar la retención de sus saldos en entidades bancarias o, de forma extraordinaria, la extracción de fondos de sus cuentas previsionales en las Administradas de Fondos de Pensiones (AFP).
El Registro Nacional de Deudores es una plataforma electrónica a cargo del Registro Civil que consolida la información de las personas que no han cumplido con el pago fijado judicialmente, imponiendo restricciones administrativas y financieras para incentivar la cancelación del saldo adeudado.


