La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado a favor de un médico sometido a medidas de apremio por no pagar su pensión alimenticia, dejando sin efecto temporalmente dichas órdenes. De acuerdo con la resolución, el máximo tribunal determinó que el Primer Juzgado de Familia de Santiago debe celebrar primero una audiencia especial para examinar los antecedentes sobre su real capacidad de pago.
El conflicto se originó cuando el deudor solicitó revisar los apremios vigentes en su contra invocando razones económicas previstas en la Ley N°14.908. Para fundamentar su reclamo, señaló que en agosto de 2025 concluyó un procedimiento concursal en el 30° Juzgado Civil de Santiago y que en agosto de 2026 el tribunal de familia acogió una demanda de rebaja de su pensión de alimentos. Por su parte, la demandante se opuso a la petición, afirmando que el alimentante no había cumplido su obligación y que intentaba ocultar sus verdaderos ingresos.
Ante las versiones contrapuestas, el tribunal de familia resolvió por escrito sin citar a las partes. Sin embargo, al revisar la apelación del recurso de amparo —que había sido rechazado previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago—, la Corte Suprema explicó que la Ley N°19.968 permite resolver ciertas peticiones sin audiencia, pero exige convocar a una si se requiere discutir y recibir pruebas.
De acuerdo con el fallo, resultaba indispensable realizar esa instancia probatoria para adoptar una decisión debidamente fundada. El máximo tribunal aclaró que esta resolución no extingue la deuda alimenticia ni implica pronunciarse definitivamente sobre la procedencia de los apremios, los que deberán ser evaluados por el juzgado competente tras escuchar a ambas partes.
Qué significa
En el ámbito del derecho de familia en Chile, las medidas de apremio son herramientas legales —como el arresto nocturno o la retención de documentos— destinadas a presionar el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias adeudadas. Por su parte, el recurso de amparo es una acción constitucional orientada a resguardar la libertad personal e individual cuando esta se ve amenazada o restringida por actos o resoluciones presuntamente ilegales o arbitrarias.
Asimismo, las normas de procedibilidad en juzgados de familia establecen que, aun cuando existan peticiones presentadas por escrito fuera de las audiencias ordinarias, el juez debe citar a una audiencia especial cuando resulte necesario confrontar pruebas de las partes antes de resolver medidas que afecten la libertad del deudor.
