
Un informe elaborado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) contabilizó 65.359 reclamos contra empresas del sector durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con las cifras de ambos organismos, este total representa un descenso del 8,3% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se anotaron 71.312 casos.
Del total de presentaciones registradas, un 65% correspondió a servicios móviles (42.230 reclamos) y un 35% a servicios fijos (22.925 reclamos). En los servicios de telefonía e internet móvil, las causas principales de disconformidad fueron los problemas de calidad técnica y de servicio con un 33%, los inconvenientes por facturación o cobros no contratados con un 31%, y las dificultades de atención al cliente con un 30%.
En cuanto a las prestaciones fijas, las dificultades de atención e información al cliente concentraron la mayor cantidad de requerimientos con un 38%. Entre las situaciones señaladas figuran los obstáculos para finalizar los planes contratados y la emisión de cobros posteriores a la solicitud de cancelación. A su vez, los problemas de calidad técnica por cortes del servicio alcanzaron un 35%.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, afirmó que “si bien las compañías han ido mejorando en la calidad de su servicio, hoy los usuarios enfrentan otros desafíos” vinculados con atención y cobros. Por su parte, el uso de la herramienta «Me Quiero Salir» del Sernac aumentó un 12,7%, sumando 50.201 solicitudes para terminar contratos de servicios en el período.
Qué significa
En el ámbito del derecho del consumidor en Chile, las personas tienen la facultad de exigir prestaciones conformes a lo pactado y solicitar el término de sus contratos sin impedimentos o cobros indebidos por parte de las empresas.
Ante el surgimiento de cobros injustificados, interrupciones no programadas o negativas para cancelar planes, los usuarios pueden ingresar reclamos ante el Sernac o la Subtel. Estos organismos están facultados para fiscalizar a las proveedoras de servicios, tramitar solicitudes de solución y velar por el cumplimiento de la normativa protectora de los derechos de los consumidores.


