El fiscal nacional, Ángel Valencia, remitió a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que encabeza el fiscal regional Francisco Jacir Manterola, la denuncia que presentaron la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista, a raíz de las inversiones de las AFP en derivados de tasas de interés y su posible impacto en los ahorros previsionales. La decisión quedó contenida en el Oficio FN N° 1363/2026, del 21 de octubre de 2026, según informó Radio Universidad de Chile.
De acuerdo con el Ministerio Público, la denuncia llegó a la Fiscalía Nacional el 19 de octubre y en ella los parlamentarios exponen antecedentes que, a su juicio, podrían ser constitutivos de delito, por lo que solicitaron que se esclarezca lo ocurrido y se establezcan las eventuales responsabilidades penales. Valencia, en ese mismo oficio, pidió que se le comunique el Rol Único de Causa (RUC) que corresponda a la presentación.
Los denunciantes buscan establecer si las decisiones de inversión podrían configurar el delito de administración desleal y quiénes intervinieron en ellas. También piden examinar la eventual responsabilidad penal de las AFP en cuanto empresas y las responsabilidades individuales que surjan durante la investigación, además de aclarar si las administradoras se expusieron en exceso a estos instrumentos pese a advertencias que recibieron y si antepusieron intereses propios a los de sus afiliados.
La presentación se basa en antecedentes publicados por Bloomberg, que informó que a septiembre el sistema previsional chileno registraba posiciones en derivados de tasas extranjeras con una valorización negativa cercana a US$7.700 millones.
Tras presentar la denuncia, Cicardini sostuvo que las administradoras deben responder por el manejo de recursos que pertenecen a los trabajadores: “Las AFP cobran por administrar los ahorros de los trabajadores; una plata que no les pertenece”, afirmó. Manouchehri, en tanto, señaló que la presentación apunta a establecer si hubo administración desleal, quién decidió apostar y a quién beneficiaba, y planteó que si existió delito las administradoras respondan con su patrimonio.
El Ministerio Público precisó que la remisión de los antecedentes es un acto formal para dar curso a la denuncia dentro de sus atribuciones legales, y subrayó que no supone anticipar si hubo delitos ni fijar responsabilidades penales, materias que se aclararán con las diligencias que se practiquen.
Qué significa
Remitir una denuncia significa derivarla al organismo que quedará a cargo de investigarla. Es un trámite de curso: el Ministerio Público la hace llegar a la unidad correspondiente para que se le asigne un número de causa —el RUC— y se realicen las diligencias, sin que ello implique imputar a alguien ni adelantar una conclusión sobre el fondo del asunto.
La administración desleal es la figura penal que apunta a quien, teniendo a su cargo la administración de bienes ajenos, los maneja causando un perjuicio a su dueño. En este caso, los denunciantes plantean que esa figura podría aplicarse a las decisiones de inversión de las administradoras, cuestión que ninguna instancia ha determinado todavía.
