Tras acoger una acción de protección en contra de BancoEstado, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura inmediata de la Cuenta RUT de una clienta y dejó sin efecto la clausura del producto. De acuerdo con lo determinado en el fallo, el tribunal concluyó que la entidad financiera incurrió en una conducta arbitraria al finalizar el vínculo de forma unilateral, sin entregar fundamentos explícitos ni acreditar los motivos de su decisión.
La controversia comenzó el 17 de abril de 2024, cuando la clienta reportó giros no reconocidos bajo la Ley de Fraudes. La institución financiera le restituyó $11.600 y bloqueó la cuenta. Luego de un proceso de investigación interna, BancoEstado clausuró definitivamente el producto alegando un incumplimiento contractual, bajo el argumento de que la titular había registrado su tarjeta en aplicaciones digitales de terceros. A pesar de los insistentes reclamos de la afectada, la entidad no especificó qué obligación del contrato se habría vulnerado.
Aunque la empresa bancaria solicitó rechazar el recurso alegando que fue presentado fuera de plazo, el tribunal desestimó dicha postura al considerar que la negativa a restablecer el servicio constituye una conducta continuada. Respecto del fondo, la Corte señaló que, conforme a la Ley N° 19.496, los bancos pueden dar por terminados los contratos, pero deben fundamentar objetivamente sus causales. El tribunal estableció que realizar un reclamo de fraude no autoriza al banco a cerrar la cuenta, vulnerando el derecho de propiedad de la afectada sobre sus facultades contractuales.
Qué significa
El recurso de protección es una herramienta jurídica consagrada en la Constitución chilena para resguardar garantías fundamentales ante acciones arbitrarias o ilegales. En el contexto de los servicios financieros, si bien las instituciones bancarias poseen atribuciones contractuales para poner fin a las relaciones comerciales con sus clientes, la legislación exige que el ejercicio de esta facultad sea transparente y fundamentado. Un cierre unilateral sin explicar adecuadamente las razones objetivas constituye un acto arbitrario que afecta los derechos del titular de la cuenta.
