El tribunal de alzada de Santiago falló a favor de una clienta tras acoger una acción de protección contra Enel, instruyendo a la distribuidora borrar de la cuenta eléctrica una suma de $122.058 imputada por consumo no registrado, junto a sus reajustes e intereses. La sentencia estimó arbitrario que la compañía reincorporara dicha cifra luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) rechazara su facturación, según informó Diario Constitucional.
El desacuerdo comenzó debido al cobro de $122.058 realizado por la compañía mediante una estimación de consumo aplicada mientras el medidor del departamento y el colector del inmueble se encontraban inhabilitados por reparaciones. La persona afectada reclamó ante la SEC, entidad fiscalizadora que en junio de 2024 dispuso anular ese monto y los costos de normalización, pues la firma no probó técnicamente la falla. Esa determinación se mantuvo en enero de 2025 al rechazarse un recurso de reposición interpuesto por la distribuidora.
Pese a ello, en enero de 2026 la compañía volvió a incluir la deuda en la boleta con recargos e intereses, advirtiendo la suspensión del suministro eléctrico. Frente al tribunal, Enel adujo haber descontado $228.631 previamente y alegó que el cobro correspondía a un saldo en disputa. No obstante, la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó en la causa Rol N°16.080-2026 que la reincorporación del cobro constituyó una conducta arbitraria que vulneró el derecho de propiedad de la usuaria, ordenando dejar sin efecto la cifra disputada, los gastos de normalización y cualquier cobro asociado.
Qué significa
El recurso de protección es una acción constitucional orientada a resguardar de forma rápida los derechos fundamentales de las personas ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los perturben o amenacen. En el ámbito del consumo y los servicios básicos, permite solicitar a los tribunales el cese de cobros que vulneren garantías como el derecho de propiedad, independientemente de que existan trámites o reclamos administrativos pendientes ante organismos reguladores.
