La Contraloría General de la República advirtió desajustes en el control financiero y patrimonial de 9.653 bienes raíces pertenecientes al Estado. Según detalló el ente fiscalizador, el análisis cruzó información del Ministerio de Bienes Nacionales con 109 entidades públicas centralizadas, detectando fallas tanto en el registro contable como en las autorizaciones formales de uso.
De acuerdo con el informe del organismo, existen 3.238 inmuebles que están ingresados en la contabilidad de diversas instituciones públicas sin contar con una destinación vigente de Bienes Nacionales. Estas propiedades se encuentran valoradas en más de $451 mil millones. Entre los organismos con mayores montos en esta situación figuran la Dirección de Obras Portuarias (31 bienes por $87.508.902.107), la Policía de Investigaciones (61 bienes por $75.864.808.213) y el Hospital de Carabineros (43 bienes por $59.207.855.289).
Por otra parte, la Contraloría identificó 6.415 bienes raíces que sí poseen un decreto de destinación al día, pero no fueron incluidos en los balances financieros de las entidades respectivas. Las dependencias con mayores volúmenes en esta condición corresponden a los ministerios del Interior (2.074 inmuebles), Defensa Nacional (1.411) y Obras Públicas (1.381). Desde la institución fiscalizadora advirtieron que este escenario puede mermar la fiabilidad de la información financiera estatal y dificultar el debido control patrimonial.
Para subsanar las anomalías, el ente controlador dio un plazo de 90 días a las reparticiones estatales para ajustar sus libros de contabilidad. Además, notificará al Ministerio de Bienes Nacionales para regularizar las destinaciones pendientes y advirtió que iniciará fiscalizaciones o procedimientos disciplinarios en caso de incumplimiento.
Qué significa
La destinación fiscal es el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Bienes Nacionales otorga el uso de un bien inmueble propiedad del Estado a un organismo público determinado para el cumplimiento de sus funciones. Para garantizar el control del patrimonio fiscal, estas asignaciones deben estar respaldadas legalmente y reflejarse de manera precisa en los registros contables de cada institución.
Las auditorías que realiza la Contraloría buscan velar por la correcta administración y transparencia de los recursos estatales. Cuando el ente fiscalizador detecta falencias, instruye plazos y acciones de regularización para que las entidades públicas corrijan sus balances y acrediten adecuadamente la tenencia de sus activos.
