La Dirección del Trabajo (DT) informó sobre las distintas acciones que contempla el Plan Bienal 2026-2027, iniciativa destinada a informar, acompañar y verificar el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral por parte de las empresas obligadas a su aplicación en el país. El anuncio fue abordado durante la participación del director nacional del servicio, David Oddó Beas, en el conversatorio organizado por la Fundación Luz denominado “Ley 21.015: los mitos en torno a su implementación”.
En la oportunidad, según informó el organismo el 11 de noviembre, la autoridad detalló las funciones que ejecuta la entidad estatal en materia de registro y control de esta normativa. El plan estratégico, que fue dado a conocer previamente el 21 de octubre en la Expo Inclusión, establece un conjunto de gestiones orientadas a que las organizaciones del sector empleador adopten las exigencias legales vigentes.
De acuerdo con lo señalado por la institución laboral, durante el mes de diciembre la DT iniciará contactos con las empresas que deben cumplir la ley para comunicarles los plazos fijados, la modalidad de entrega y los antecedentes específicos que requerirán ingresar en la comunicación electrónica correspondiente a enero de 2027. Dicho trámite debe realizarse mediante el sistema en línea denominado Mi DT, disponible en el sitio web del servicio.
Asimismo, la entidad pública reportó las cifras oficiales acumuladas en sus registros institucionales. De acuerdo con el reporte oficial, a septiembre de 2026 la Dirección del Trabajo contabilizaba 56.105 contratos vigentes y un consolidado de 155.664 contratos registrados en el marco de la normativa de inclusión.
Qué significa
La fiscalización laboral es la facultad y función que ejerce la Dirección del Trabajo para verificar de manera preventiva o sancionatoria el debido cumplimiento de las leyes laborales en los centros de trabajo del país. A través de planes de orientación y control, la autoridad administrativa busca que los empleadores mantengan al día sus obligaciones y trámites de registro.
En el ámbito de la inclusión laboral, la ley impone requisitos y obligaciones específicas a los empleadores, quienes deben remitir antecedentes sobre sus contrataciones de manera periódica. El uso de plataformas electrónicas institucionales facilita la entrega de estos datos, permitiendo a la autoridad mantener un registro actualizado y fiscalizar si las empresas se ajustan a las normas laborales aplicables.
