Una docente presentó una demanda de tutela laboral ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en contra del Colegio Juanita de los Andes, perteneciente a la Red Educacional Ignaciana. En la acción judicial se acusa al establecimiento de vulnerar sus derechos fundamentales a la no discriminación y a la intimidad, luego de frenar su contratación al enterarse de su orientación sexual, por lo que solicita una indemnización de $75 millones.
De acuerdo con la demanda, la profesional postuló a una suplencia para la jefatura de un curso de educación básica y superó las primeras etapas del proceso de selección, realizando una clase demostrativa favorable y un reemplazo breve de 11 días. Sin embargo, durante una entrevista con el área de recursos humanos se le consultó por la ocupación de su cónyuge, momento en que transparentó que estaba casada con una mujer. Tras esa conversación, la información fue remitida a la dirección y vicerrectoría del colegio y, posteriormente, el 1 de junio se le notified por correo electrónico que no continuaría en el proceso.
El libelo señala que el 9 de julio se solicitó una reunión con la dirección para buscar un acuerdo directo de buena fe, pero la autoridad del establecimiento rechazó conversar y derivó la situación a su representante legal, con quien no se logró un avenimiento. La demanda sostiene que la orientación sexual fue el factor determinante para excluir a la docente y cuestiona que se indagara sobre su vida privada.
Desde la Fundación Iguales expresaron su apoyo a la profesional. Su directora ejecutiva, María José Cumplido, afirmó que “un proyecto educativo que se dice inspirado en la solidaridad no puede cerrar la puerta a las personas solo por cómo conforman su familia”.
Qué significa
El procedimiento de tutela laboral es una acción judicial destinada a proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y postulantes a un empleo cuando son lesionados en el ámbito del trabajo. Entre estos derechos protegidos se encuentran el principio de no discriminación y el respeto a la vida privada e intimidad. En estos casos, los juzgados laborales evalúan si existió una vulneración de garantías constitucionales y pueden ordenar medidas de reparación, la adopción de protocolos y el pago de indemnizaciones por los daños causados.
