La Corte Suprema deberá decidir qué ocurre con las indemnizaciones de más de $13 mil millones que se fijaron para los familiares de las 81 personas fallecidas en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de diciembre de 2010. El asunto permanece pendiente ante la Tercera Sala del máximo tribunal, que ha postergado su revisión en varias oportunidades y que tendrá que definir si mantiene, modifica o anula esas compensaciones, según un reportaje de Radio Biobío recogido por Radio Universidad de Chile.
En julio de 2024 la Corte de Apelaciones de Santiago elevó esas compensaciones: el 7° Juzgado Civil de Santiago las había calculado en cerca de $3 mil 800 millones y el tribunal de alzada las llevó a más de $13 mil millones. La resolución favorece a más de 300 familiares de los fallecidos y también a 13 sobrevivientes que resultaron con lesiones.
En el caso de padres, hijos y parejas que acreditaron su vínculo afectivo, las cifras pasaron de $30 millones a $80 millones; para los hermanos, en tanto, subieron de $5 millones a $25 millones. El tribunal de alzada sostuvo que las sumas anteriores no alcanzaban a compensar el daño de los familiares y reconoció además el derecho a indemnización de otras 18 personas y de cuatro convivientes que al inicio habían quedado fuera.
Frente a eso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acudió a la Corte Suprema pidiendo que la demanda sea rechazada. Argumentó que las condiciones del recinto penitenciario dependían de decisiones presupuestarias y que el fuego lo iniciaron los propios internos. Las familias también presentaron recursos para discutir los montos, y algunos de sus abogados afirman que se descartaron sin razón informes psicológicos que daban cuenta de los daños de los demandantes.
La tragedia se produjo en la madrugada del 8 de diciembre de 2010, a las 5:34 horas, cuando reclusos del ala sur de la cruceta 5 de la cárcel de San Miguel encendieron un colchón en medio de una pelea con otros internos, en un dormitorio donde dormían 71 personas. Casi 15 minutos más tarde, cuando los gendarmes consiguieron forzar la reja de entrada, solo cinco lograron escapar. Murieron 66 internos del ala sur y otros 15 del ala norte, donde el fuego nunca llegó; todos se asfixiaron con los gases.
En la parte penal, la Fiscalía formalizó y llevó a juicio a ocho funcionarios de Gendarmería, que resultaron absueltos en 2014. Ahora las familias buscan en la justicia civil lo que no consiguieron en esa vía.
Qué significa
La indemnización de perjuicios es la compensación en dinero que un tribunal reconoce a quien sufrió un daño, y en estos casos se discute si el Estado debe responder por lo ocurrido en un recinto bajo su administración. Un tribunal de alzada, como la Corte de Apelaciones, revisa lo resuelto por un juzgado de primera instancia y puede confirmar, elevar o rebajar lo concedido.
La Corte Suprema actúa como última instancia: revisa lo decidido por los tribunales inferiores y su pronunciamiento cierra el conflicto en esa vía. Que el caso esté pendiente en la Tercera Sala no anticipa el resultado, y las familias y el CDE mantienen posiciones opuestas sobre los montos y sobre quién debe asumir el costo.
