De acuerdo con lo establecido en la resolución judicial, la Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena a la propietaria de un inmueble restituir la suma de $1.174.400 por la garantía entregada, además de indemnizar $176.160 por perjuicios a su arrendatario, tras el término anticipado del contrato.
El conflicto judicial comenzó cuando el inquilino demandó a la arrendadora para obtener la devolución del dinero y la reparación económica. En respuesta, la dueña interpuso una demanda reconvencional, argumentando que no aceptó la conclusión del arriendo y solicitando compensaciones por gastos posteriores. El tribunal de primera instancia descartó las pretensiones de la propietaria y acogió en parte la acción del arrendatario, determinación que confirmó posteriormente la Corte de Apelaciones de Santiago.
Al revisar la causa, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma presentado por la arrendadora. El tribunal explicó que el ordenamiento no permite volver a interponer esta acción de nulidad cuando la Corte de Apelaciones ya resolvió un recurso idéntico, figura procesal conocida como improcedencia de la “casación de casación”.
Respecto al recurso de casación en el fondo, el máximo tribunal lo rechazó por falta de fundamento. Según la resolución, los jueces de instancia dieron por acreditado que ambas partes acordaron terminar el contrato el 31 de marzo de 2024, cuando el arrendatario notificó su partida y la dueña aceptó recibir la propiedad. La Corte Suprema enfatizó que las alegaciones relativas a la prueba buscaban modificar los hechos fijados en el juicio, lo que no procede por esta vía a menos que se demuestre una infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
Qué significa
En el ámbito del derecho civil y de arrendamiento, la garantía es una suma entregada por el inquilino para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el cuidado del inmueble, la cual debe restituirse si no existen saldos adeudados o daños atribuibles. Por otra parte, una demanda reconvencional es la facultad que tiene la persona demandada para formular, dentro del mismo juicio, sus propias pretensiones en contra del demandante. Finalmente, los recursos de casación ante la Corte Suprema buscan anular sentencias dictadas con infracción a las leyes o con vicios formales, sin constituir una instancia para reevaluar la prueba o modificar los hechos probados en los tribunales previos.
