De acuerdo con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Chillán, el tribunal acogió un recurso de nulidad del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Punilla Cordillera y rechazó la demanda por despido injustificado y nulidad del despido interpuesta por una asistente de la educación de la Escuela San Jorge de Ñiquén. El tribunal dejó sin efecto lo resuelto previamente por el Juzgado de Letras de San Carlos, concluyendo que la desvinculación dictada tras un sumario administrativo cumplió con la legalidad.
La acción judicial fue iniciada por una fonoaudióloga y coordinadora del Programa de Integración Escolar, desvinculada luego de una investigación disciplinaria por ausencias no justificadas. Aunque el juzgado de primera instancia consideró indispensable la carta de aviso prevista en el Código del Trabajo y ordenó cancelar indemnizaciones y cobros previsionales, el tribunal de alzada resolvió que dicha formalidad no resultaba exigible. Esto se debe a que la trabajadora posee la calidad de funcionaria pública según la Ley N° 21.109 y se rige por un régimen estatutario especial, en el cual el sumario previo le garantizó conocer los cargos y presentar sus descargos.
En la sentencia de reemplazo, la Corte dio por acreditado el incumplimiento grave de obligaciones funcionarias sobre la base de marcas biométricas, testimonios y reportes de la Contraloría Regional de Ñuble, entidad que constató 36 inasistencias en 2022. Asimismo, el fallo desestimó la nulidad del despido por cotizaciones adeudadas en 2023, aclarando que, según la Ley N° 21.040, esos compromisos previos al traspaso corresponden a la municipalidad y no al SLEP. Por estas razones, el organismo solo fue condenado a pagar el feriado proporcional de 2024.
Qué significa
El recurso de nulidad es un medio de impugnación que busca dejar sin efecto una resolución judicial cuando se deduce que durante el procedimiento o en el fallo mismo se cometieron infracciones de ley o de garantías sustanciales.
Por su parte, el sumario administrativo consiste en un procedimiento reglamentado de investigación interna en el ámbito público. Su objetivo es verificar la existencia de infracciones a los deberes del cargo, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan, resguardando el derecho de defensa del trabajador investigado.
