El máximo tribunal del país acogió una acción interpuesta por una trabajadora del sector de la salud oral, dejando nulas las resoluciones de los tribunales inferiores que dieron por prescritas sus acciones de subterfugio laboral y unidad económica presentadas contra diez empresas.
El origen del conflicto judicial se remonta a un accidente de trabajo ocurrido en septiembre de 2016, que dejó a la asistente dental con una incapacidad irreversible del 65%. Debido a esto, en 2021 el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago ordenó a la empresa Sociedad de Servicios Odontológicos Schultz y Pino SpA cancelar la suma de $88.281.250 a título de lucro cesante y daño moral. Ante la falta de pago de las sumas adeudadas y el eventual traspaso del giro comercial a otras sociedades, la demandante recurrió a la justicia contra su antigua empleadora y otras nueve empresas relacionadas, pidiendo que se las reconozca como una misma entidad económica, se sancione la simulación y se aplique una multa de 300 UTM a cada firma.
En octubre de 2025, el tribunal de primera instancia aceptó la prescripción planteada por tres de las entidades demandadas basándose en el plazo de dos años posterior al término del contrato, medida que luego extendió a las restantes firmas y que fue ratificada por la Corte de Santiago. No obstante, el máximo tribunal concluyó que los juzgadores cerraron la causa sin contar con antecedentes suficientes ni permitir la presentación de pruebas durante la audiencia preparatoria. Por ello, la Corte Suprema invalidó lo actuado y dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa preparatoria ante un juez no inhabilitado.
Qué significa
El recurso de queja constituye una herramienta procesal destinada a corregir faltas o abusos graves cometidos por los juzgadores al dictar resoluciones judiciales. Esta vía se activa cuando una decisión vulnera principios fundamentales, como la garantía de tutela judicial efectiva, privando indebidamente a las partes del derecho a presentar antecedentes y pruebas ante los tribunales.
Por otro lado, la prescripción laboral corresponde a la pérdida de un derecho a reclamar judicialmente debido al transcurso del tiempo fijado por la norma. Sin embargo, en acciones tendientes a establecer la existencia de subterfugio o unidad económica, la evaluación sobre los plazos exige revisar si la situación alegada por el trabajador se mantiene o continúa vigente en el tiempo.
