El 20° Juzgado Civil de Santiago resolvió acoger en parte la acción legal entablada por el dueño de un inmueble en contra de una firma de arquitectura para exigir la reparación de daños e incumplimiento contractual. De acuerdo con el fallo, la magistrada ordenó a la empresa pagar $7.191.949 por los perjuicios materiales ocasionados tras la ejecución deficiente de los trabajos de remodelación de la propiedad.
La controversia legal se originó en un contrato firmado en marzo de 2021, en el cual se acordó la remodelación completa por $107.955.717 y un plazo de 24 semanas. De acuerdo con el fallo, las obras se extendieron por cerca de 13 meses y su costo final ascendió a $118.560.576. Tras la entrega, la propiedad presentó deterioros en la pintura exterior, perforaciones en los muros y filtraciones de agua en la sala de estar y el escritorio por faltas de pendiente en la techumbre. Frente a esto, el dueño demandó el costo de reparación por daño emergente y solicitó además $20 millones por daño moral.
La empresa constructora solicitó el rechazo de la acción judicial argumentando que la vivienda tenía problemas preexistentes de humedad e inestabilidad, además de retrasos atribuibles al propietario. No obstante, el tribunal dio crédito al testimonio de un arquitecto y a los informes que respaldaron la falta de calidad en los trabajos. La resolución dispuso descontar $350.000 previamente abonados por la empresa, fijó los reajustes según el IPC e intereses desde que quede firme el fallo, y rechazó la indemnización por daño moral al no estimarlo probado.
Qué significa
Una demanda por cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios busca que la justicia declare la inobservancia de los compromisos adquiridos en un acuerdo y determine la reparación del daño causado. Dentro de este proceso, el daño emergente se refiere al perjuicio patrimonial directo o la pérdida efectiva de dinero que sufre la víctima como consecuencia de dicho incumplimiento.
Por su parte, el daño moral comprende el sufrimiento psicológico, angustia o dolor que una persona experimenta a raíz de un hecho perjudicial. En disputas contractuales, su indemnización exige probar de manera precisa la existencia de esa afectación emocional para que el juzgado ordene su compensación monetaria.
