La Corte Suprema dejó sin efecto, por iniciativa propia, un fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique y acogió una demanda de precario presentada por una copropietaria contra un familiar, ordenando la entrega de un inmueble ubicado en esa ciudad dentro de los tres días siguientes a que la decisión quede firme, de acuerdo con lo resuelto en la sentencia.
El conflicto comenzó cuando la dueña del bien raíz solicitó la entrega de la vivienda argumentando que el ocupante permanecía en el lugar por su mera tolerancia. En primera instancia, el Tercer Juzgado de Letras de Iquique rechazó la pretensión al estimar que la ocupación encontraba justificación en una relación jurídica de origen hereditario, criterio que fue confirmado posteriormente por la Corte de Apelaciones local.
Ante un recurso de casación en el fondo, el máximo tribunal advirtió deficiencias de fundamentación en la resolución de alzada. Los magistrados omitieron analizar una inscripción de dominio y un contrato de compraventa de derechos hereditarios dictados en 2015, los cuales pretendían demostrar la falta de título del ocupante. La Corte Suprema enfatizó que los jueces tienen el deber de examinar íntegramente las pruebas presentadas y explicar sus conclusiones, pues la falta de valoración afecta la garantía del debido proceso.
En la sentencia de reemplazo, el tribunal examinó la documentación ignorada y constató que la madre del ocupante había cedido sus derechos sobre la propiedad en marzo de 2015. Por esta razón, determinó que el demandado carecía de un título legítimo frente a la propietaria y dispuso el auxilio de la fuerza pública para el desalojo en caso de incumplimiento.
Qué significa
La demanda de precario es un procedimiento civil que permite al dueño de un inmueble exigir su restitución cuando está siendo ocupado por otra persona sin un contrato o antecedente jurídico que lo autorice, existiendo dicha tenencia por mera tolerancia o ignorancia del propietario.
Por su parte, la anulación de un fallo por defectos de fundamentación ocurre cuando un tribunal superior deja sin efecto una sentencia por incumplir los requisitos formales de evaluar adecuadamente las pruebas aportadas al proceso.
