
Ante la interrupción programada del suministro de agua potable que afectará a Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, la Dirección Regional del Trabajo recordó el marco normativo que deben cumplir las empresas. El organismo advirtió que las compañías que carezcan de agua no podrán operar ni efectuar rebajas salariales a su personal.
De acuerdo con lo informado por la institución, solo se autorizará el funcionamiento de los recintos que se ubiquen fuera del perímetro del corte o de aquellos que cuenten con sistemas alternativos aprobados por la autoridad sanitaria. Dicho abastecimiento preventivo debe garantizar un mínimo de 100 litros diarios por persona para consumo humano y necesidades de higiene personal.
El director regional (s) del Trabajo, Jaime Rojas, enfatizó que la falta de agua por una mantención programada no es imputable al trabajador, por lo que las empresas no pueden realizar descuentos ni pedir recuperar el tiempo en turnos posteriores. En esa línea, precisó que si las condiciones impiden operar, los empleadores están obligados a “suspender sus operaciones y no hacer descuentos remuneracionales ni exigir a sus trabajadores la recuperación de las horas no laboradas”.
Durante la jornada de la suspensión del servicio, fiscalizadores de la Inspección Provincial del Trabajo realizarán visitas inspectivas. La entidad recordó que las sanciones administrativas pueden llegar a las 60 unidades tributarias mensuales y que se puede decretar la paralización inmediata de faenas ante riesgos graves. La normativa aplicable considera los artículos 184 y 184 bis del Código del Trabajo, junto al Decreto Supremo N° 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Qué significa
La normativa laboral chilena establece la obligación del empleador de garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. El suministro de agua potable es una exigencia básica para la salud de las personas, por lo que su ausencia impide la prestación de servicios salvo que existan medios alternativos autorizados.
Al no ser un evento imprevisto, la interrupción del servicio no constituye un caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, el cierre temporal de las faenas es responsabilidad de la empresa, lo que protege a los trabajadores de perder sus sueldos o verse forzados a saldar las horas no trabajadas en otros horarios.


